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Uganda:

 

Uganda padece el conflicto más antiguo del continente africano motivado por 20 años de una cruenta guerra civil centrada principalmente al norte y que ha dejado 1,6 millones de desplazados, 100 mil muertos y el secuestro de cerca de 20 mil niños.  Convertido en el segundo país objeto de investigación luego de que su mandatario Yoweri Museveni así lo solicitara a la CPI el 29 de enero de 2004 y aunque esta Corte impartiera el 14 de octubre de 2005 orden de detención por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad, contra Joseph Kony ^[1] máximo jefe del movimiento guerrillero integrista cristiano denominado Ejército de Resistencia del Señor (ERS/LRA) y de otros 5 altos comandantes  (Vincent Otti, Okot Odhiambo, Dominic Ongwen ^[2];  Raska Lukwiya; y, Thomas Kwoyelo ^[3], de los cuales sobreviven Kony y Ongwen), el gobierno ugandes decidió  enjuiciar a Thomas Kwoyelo, ex-comandante de la agrupación, fuera del marco de la Corte Penal Internacional,  quien se hallaba detenido en la prisión de máxima seguridad de Luzira en la República Democrática del Congo desde marzo de 2009. Juicio que arrancó en julio de 2011 en la ciudad de Gulu, en el norte de Uganda y acusado de 53 cargos, entre ellos: Asesinato, secuestro, violación y destrucción de la propiedad. 

 

Sudán:

 

Dado que Sudán no reconoce la competencia de la justicia internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU en uso de su prerrogativa y mediante la Resolución 1593 del 1 de abril de 2005 remitió el caso a la Corte para que la Fiscalía iniciara la investigación y enjuiciamiento de Omar Hassan Ahmad al-Bashir, primer jefe de estado en funciones, por presuntos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos entre agosto de 2003 y marzo de 2004 en la provincia Darfur, región donde ocurrieron enfrentamientos entre grupos armados y el Gobierno desde febrero de 2003,  y a quien a mediados de julio de 2008 el Fiscal Luis Moreno Ocampo presentó supuestamente las pruebas suficientes lo que permitió se le imputara inicialmente, el 4 de marzo de 2009, cinco cargos por crímenes contra la humanidad (asesinato, exterminio, deportación, tortura y violación) y dos por crímenes de guerra (ataques indiscriminados contra la población civil) por las masacres ocurridas en la guerra en Darfur, a los que se le sumaron en julio de 2010 otros tres cargos por genocidio; y contra Ahmad Muhammad Harun (ex secretario de Estado de Interior), y Ali Kushayb (nombre de guerra de Alí Mohamed Alí uno de los jefes de milicia islámica los janjawids y quien fuera detenido en Sudán en noviembre de 2006). Ninguna de las órdenes de arresto aún pendientes ha sido ejecutada. Abdalá Banda y Salé Jerbo considerados coautores responsables de tres crímenes de guerra según concepto de la Cámara preliminar I de la CPI gozan de libertad después de que voluntariamente se presentaran a la CPI el 17 de junio 2010 y tras la solicitud de comparecencia que envió la Corte el 27 de agosto 2009.

 

República CentroAfricana (RC):

 

 

Críticas 

 

- La CPI está irrespetando el principio del derecho de no enjuiciar un detenido dos veces por lo mismos hechos:

En la CPI  investiga a Jean-Pierre Bemba Gombo por los mismos hechos por los cuales habia sido ya investigado y por los cuales está siendo juzgado por la justicia de la República Centroafricana.

 

Kenia:

 

 

 

Críticas 

 

a. El Consejo de Seguridad de la ONU decidio hacer caso omiso a la petición del presidente Mwai Kibaki para que aplazara el proceso amparado en el artículo 16 del Estatuto de Roma que establece que un país puede pedir que se aplace una causa si esta supone una amenaza para la paz, situación que obligaría al gobierno keniano a apelar al artículo 19 del mismo Estatuto, que sostiene que un país miembro puede pedir a la Corte Penal Internacional que le deje hacerse cargo por sí mismo del proceso jurídico, algo similar sucedió con Uganda respecto a Joseph Kony. 

 

b. El actual gobierno keniano impugna la competencia (su jurisdicción) del TPI para procesar a los detenidos en virtud de que  por los mismos cargos que los quiere acusar la CPI ellos ya estaban siendo investigados por la autoridades kenianas competentes, por lo cual la CPI debía anular el proceso judicial. Colisión de competencia rechazada por la CPI argumentando que el Gobierno de Kenia no había presentado en su recurso pruebas suficientes para demostrar que estaba investigando a los seis sospechosos. Supuestamente la CPI no se ciñe a cumplir el principio de complemantariedad para el cumplimiento del mandato de la Corte.

 

c. La CPI le desconoce al gobierno Keniano el estatus jurídico de tener a dos representantes legales del gobierno durante las audiencias de confirmación de los cargos contra los seis retenidos. La respectiva solicitud es rechazada  arguentando que el gobierno keniano además de carecer de estatus jurídico para ello, no había seguido el procedimiento formal correcto a la hora de presentar la solicitud. 

 

Los más recientes países que estan siendo objeto de investigación sin ser Estados Parte del Estatuto de Roma son Costa de Marfil y Libia, con los cuales, la CPI no hace mas que confirmar la estigmatización que hace de África.

 

Costa de Marfil:

 

Libia:

 

Mediante la Resolución 1970 aprobada el 16 de febrero de 2011 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se pone la situación en Libia bajo la jurisdicción de la CPI. El 28 de febrero del mismo año el fiscal comienza el estudio preliminar y a finales de junio siguiente  la Corte Penal Internacional (CPI) emite una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad contra el coronel Muammar al Gadafi, contra su segundo hijo, Saif al Islam, y su cuñado Abdulá al Senusi, jefe de la inteligencia militar del régimen por crímenes de lesa humanidad (entre 400 a 700 asesinatos) cometidos en ese país entre el 15 y el 28 de febrero 2011 durante las revueltas insurgentes alentadas desde el exterior en aras de implantar un proceso democrático occidental. Saif al Islam aun se encuentra detenido en Libia sin que se le formulen cargos, idéntica situación en que están Abdulá al Senusi arrestado el pasado 17 de marzo de 2012 en la capital mauritana y  extraditado a Libia en septiembre de 2012 y trasladado a la misma prisión  donde encuentra el ex primer ministro Mahmudi al Bagdadi, quien fue extraditado en junio de 2012 desde Túnez. Y no obstante que la CPI tiene derecho a su juzgamiento, el nuevo régimen ha estado impugnando dicha posibilidad.

 

Críticas 

 

- La orden de búsqueda y captura emitida contra el coronel Gadafi así como de su hijo Saif el Islam quienes no tienen ninguna posición en el Gobierno libio y por lo tanto no tiene conexión con las acusaciones de la CPI contra ellos, y el jefe de la inteligencia militar, su cuñado Abdulá el Senusi tiene el objetivo de impedir cualquier posibilidad de llegar a un final negociado de la guerra,  allanar el camino para el cambio de régimen y darle legitimidad  y continuidad a la guerra guerra de agresión, a una guerra imperialista contra Libia, reafirmando asi que la CPI ha sido convertida en instrumento al servicio de las potencias imperialistas.

 

- la CPI que es una herramienta del mundo occidental de perseguir líderes en el tercer mundo.

 

El hecho que la resistencia política esté organizándose con tal intensidad y rapidez daría argumentos de que en Libia se está desarrollando un conflicto armado no internacional lo que daría pié a la aplicación de crímenes de guerra en el cual habría que definir el momento –a partir del 15 de enero de 2011– habría comenzado tal conflicto. 

 

Nuevos tribunales especiales sustituyendo o a las cortes regulares civiles caso de Iraq ^[4] o militares caso Guantánamo ^[5] y de carácter nacional auspiciados por la ONU como el Tribunal Especial para Camboya (TEC) ^[6] y el Tribunal especial para Líbano (TEL) ^[7] , aun siguen siendo creados o son propuestos al mundo tales como el Tribunal Internacional para Siria ^[8], aunque con la idea de la aparición en escena del CPI haya sido evitarlos originalmente. ^[9]

 

XI. CORRECCIONES

 

Con motivo de los 12 años de la creación del TPI fue sometido en Kampala, Uganda, en junio de 2010, a revisión de el Estatuto de Roma donde se resaltó el cuestionamiento a que sea el Consejo de Seguridad el organismo que controle los casos que investigaría y enjuiciaría la Corte sobre delitos de agresión. Y la negativa a eliminar el artículo 124 del Estatuto por el cual se permite a un Estado declarar que la Corte no podrá investigar ni enjuiciar crímenes de guerra cometidos en su territorio o por sus nacionales durante los siete años siguientes a su adhesión al Tratado.

 

XII. CONCLUSIONES

 

1.- El proceso de desarrollo y expansión -internacionalización/globalización- del capital ha generado situaciones que conducen a los promotores del estatus quo al ajuste de los mecanismos jurídicos y de los alcances de la legalidad internacional vigente tendiente a cristalizar los anhelos occidentales de "justicia", "verdad", y "paz".

 

2.- Es evidente una mutua y cada vez más frecuente interferencia entre la Justicia internacional dependiente de la ONU y las políticas internas de sus países tercermundistas miembros consecuencia de la carencia de autonomía real de la justicia frente a los estados y que reclama la creación urgente de un órgano internacional regulatorio con competencia para revisar "los crecientes abusos del principio de jurisdicción universal por parte de Estados individuales": TPI con respecto a Uganda, Nicaragua, Colombia, Sudán, Ruanda, República Popular Del Congo -relacionadas a los conflictos y a situaciones postconflicto-; y Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, República Democrática del Congo, Sudán en lo atinente a dar cumplimiento a las órdenes de captura -de Radovan Karadzic y Ratko Mladic; Bosco Ntaganda; Ahmad Muhammad Harun y Ali Kosheib-; la Union Africana frente a las órdenes de arresto emitidas desde Estados europeos.

 

3.- Aunque la Corte Penal Internacional es un órgano jurisdiccional supranacional distinto a cualquiera de los tribunales internacionales conocidos, carece de peso jurídico-político de trascendencia:

 

Los Tribunales Ad Hoc, los Tribunales Especiales y la CPI promovidos por los imperios  hasta el presente no han sido mas que su brazo judicial de la intervención en países más débiles. Su función se limita a encubrir los crímenes imperialistas.

 

Sus filigranas de justicia internacional aún estan lejos de representar los intereses de la humanidad por ceñirse al contexto internacional discriminatorio vigente con la pretención de aplastar valores y alternativas catalogados indeseables lo que hace que la Justicia Internacional continúe siendo desfigurada, selectiva y sometida a intereses políticos donde la principal potencia mundial de manera oportunista quiere usar la CPI sin ser parte de ella.

 

Los magros resultados obtenidos hasta el presente para erradicar y o castigar los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio después de la entrada en vigor del TPI en 2002, son francamente decepcionantes. Su campo de acción está supeditado a una limitada lista de países miembros,“tercermundistas” y con “instituciones débiles”, seleccionados por el Consejo de Seguridad de N.U. (Sudán) mientras que veta resoluciones de condena de potencias, y no se aplica a aquellos países que o no son signatarios del Estatuto de Roma o continuan sin ratificarlo. Y no consigue siquiera disuadir a los perpetradores: Sistemáticamente en latinoamerica se continuan cometiendo genocidio (Perú) sin que su población lo advierta y sin que se produzca la imputación. Los asesinatos masivos siguen siendo moneda corriente en conflictos como los de República Democrática del Congo, Uganda, Colombia y la región sudanesa de Darfur.

 

4.- La comunidad mundial todavía debe propender por crear un tipo de Tribunal Penal Internacional que se ajuste al espíritu de la paz, de la verdad y de la justicia universal teniendo presente los derechos civiles, políticos, individuales y sociales. Que aplique en rigor los principios fundamentales del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Que permita enjuiciar criminales que hayan operado y cometido sus delitos por fuera del contexto de una guerra. Que conjugue armoniosamente El Derecho Internacional (que penalice la violación a la soberanía nacional -ocasionado por la intromisión en los asuntos internos de otro estado bajo cualquier pretexto aún sea el del narcotráfico-, y la planificación y ejecución de la guerra de agresión), El derecho Humanitario Internacional (para regular el manejo de las guerras -en el cómo se llevó a cabo la guerra- (asesinato de civiles, exterminio de grupos étnicos, uso de armas prohibidas,etc), Los Derechos Humanos, y los Tratados y/o acuerdos Locales y/o regionales suscritos. Que esté dotado de un carácter de permanente, de ilimitado en el tiempo (para que consulte a fondo las causas de la guerra), y en el espacio geográfico (que no restrinja el alcance de la justicia a los marcos nacionales), que satisfaga los criterios de independencia e imparcialidad (que no se convierta en tenebroso ápice de los vencedores), y que las víctimas desde su etapa inicial puedan tener una participación activa que incluya el poder acudir directamente a la Corte en la etapa de denuncia, de juicio y de apelaciones y que goze del derecho a presentar sus opiniones y observaciones como partes del proceso.

 

Para el caso de algún país que sin haber adherido a la CPI (China, Rusia, Uzbekistán, Zimbabwe, Chile, Guatemala, Nicaragua, El Salvdor etc.) presente graves crímenes internacionales, sólo terceros Estados parte podrían iniciar una persecución penal, presentando formalmente la acusación contra el otro en tanto pueden fundamentar su competencia, por ejemplo sobre la base del "principio del derecho mundial".

 

5.- No obstante los avances registrados en materia de justicia, una serie de crímenes internacionales como los económicos ^[10], ambientales, el robo de identidad y el de la piratería marítima no cuentan con un organismo que se encargue de ellos o donde las víctimas individuales o colectivas puedan constituirse como parte accionante. Tampoco exite algún Tribunal Internacional de la Ética que abarque desde la bioética, la corrupción, el conocimiento científico y la tecnología e incluso se haga extensiva a la religión, por el enraizamiento que las fes tienen en la cultura y por las implicaciones que tiene sobre la paz mundial. Tampoco el derecho penal internacional contempla el genocidio sino de una manera estrecha, como sistemática matanza masiva, sangrienta, y no contempla el genocidio cultural, aunque hubo el intento por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de considerar el “etnocidio o genocidio cultural”, que al fin no prosperó. Pero en definitiva de qué sirve al mundo una Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, no sólo para su prevención, sino también para su sanción; una Corte Internacional de Justicia; una Corte Penal Internacional, y Códigos Penales de Estado si la forma y el grado como tipifican el genocidio entraña que la imputación y el castigo se hagan poco menos que imposibles fomentando así la impunidad? 

 

6.-  Considerando que:

 

b. La ineficacia de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 aprobada por el gobierno de Alvaro Uribe V.) que investiga los delitos cometidos en Colombia entre los años 1985 y el 25 de julio de 2005 fecha en que fue expedida, resalta por su benevolencia: Excluye los delitos cometidos anteriores y posteriores a las fechas citadas; incluye una cláusula de salvamento vigente hasta el 2009 que deja fuera del alcance de la CPI (durante 7 años) asuma la investigación por los crímenes de guerra; y,  limitan a un máximo de 8 años las condenas!

c. Ha habido incumpliendo en la aplicación de las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, y que como consecuencia de ello se ha afianzado y extendido más la impunidad reinante y ha dejado como resultado siete sentencias condenatorias proferidas, de las que únicamente dos están en firme por una masacre ocurrida en el año 2000.

d. El Proceso de Paz ha llegado al punto de estancamiento y finalización que resulta contraproducente para el avance hacia una verdadera y duradera reconciliación nacional.

e. La constitución colombiana no contempla catalogar imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad.

f. La dimensión (más de 30 mil procesos), el volúmen de los crímenes cometidos (más de 40 mil), la cantidad de homicidios cometidos (más de 170 mil), las 34.467 desapariciones forzadas, los altos índices de episodios de desplazamiento urbano y rural (más de 69 mil desplazamientos por comunidades,  1.742.000 desplazamientos individuales, y  5.2 millones de desplazados individuales entre 1985-2010), los porcentajes de reincidencia en actividades criminales (15% que representan más de 8 mil), rebasan la capacidad jurídica y carcelaria del estado colombiano para evacuar oportunamente los casos a investigar, juzgar y castigar.

g. El elevado nivel de corrupción, la debilidad del estado en razón del involucramiento en los crímes de políticos, de miembros de las fuerzas de seguridad del estado y de funcionarios civiles pero también de particulares, han sido factores obstáculo para las investigaciones.

 

Se hace imperativo la creación de El Tribunal Penal especial Colombia (TPC) con jueces de nacionalidad mixta. Que cuente con ayuda externa. Enriquecido con la experiencia de sus predecesores Tribunales del mismo tipo a fin de que se encargue de investigar y condenar a los principales responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos desde 1980 hasta el presente, y que en vez de contribuir a agudizar la guerra dé salida real a un verdadero Proceso de Paz.

 

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NOTAS

 

^[2]  Dominic Ongwen,   lugarteniente del líder del LRA Joseph Kony, y comandante de el Ejército de Resistencia del Señor, LRA, tras haberse rendido a mediados de enero de 2015 a las fuerzas estadounidenses en la República Centroafricana, y de haber permanecido bajo su custodia en una base militar en Obbo, al sureste de ese país, ha sido trasladado  en dirección al centro de detención de la CPI en la Haya donde será juzgado.

 

^[3] Al excomandante del rebelde LRA de Uganda, Thomas Kwoyelo, acusado de 53 delitos de guerra, y hasta la fecha miembro de mayor rango de esa organización que ha afrontado un juicio, se le ha reconocido beneficiario de la Ley de Amnistía de Uganda circunstancia por la cual el Tribunal Constitucional Ugandez ordenó en septiembre de 2011 su puesta en libertad, poniendo fin de esta forma al primer juicio por crímenes de guerra que tiene lugar en ese país.

 

^[4] El artículo 53 del Estatuto de Roma, permite al Fiscal iniciar una investigación en un país si existe fundamento suficiente para creer que se ha cometido o se están cometiendo crímenes. Y si el caso es admisible en conformidad con el artículo 17 del Estatuto, el cual dispone que el Fiscal procederá salvo que el asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción sobre él salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento, o no pueda realmente hacerlo. El Fiscal debe tomar en cuenta la gravedad del crimen y si la investigación de la Corte será en interés de las víctimas. Si el Fiscal decide que existe fundamento suficiente para proceder con una investigación, debe notificar a todos los estados partes. Un estado tiene un mes luego de recibir la notificación, para informarle a la Corte si esta llevando a cabo una investigación o enjuiciando ese mismo caso. 

 

^[5]  Para juzgar a los presos sospechosos de terrorismo capturados en su mayoría en las guerras en Afganistán e Iraq el presidente George W. Bush creó en 2002 en la base naval estadounidense de Guantánamo un tribunal militar de excepción condenado a nivel internacional, el primero desde la Segunda Guerra Mundial. Y a fines del mismo año estableció unos tribunales militares para juzgar a esos prisioneros, cerca de 800 (entre Afganos, Pakistaníes, Palestinos, Kasajos, Sirios, Yemenis y varios de ellos transferidos a otros países por el gobierno de Barack Obama quien prometió cerrar la prisión cuando asumió la presidencia hace casi siete años pero no ha logrado hacerlo, debido en parte a los obstáculos que ha impuesto el Congreso estadounidense), considerados "combatientes enemigos ilegales" o no amparados por las convenciones de Ginebra ni por las leyes federales de Estados Unidos para expresamente evitar el "enemigo terrorista" en juicio abierto y con todas las garantías dadas bajo condiciones normales conozca sus tácticas y métodos. La mayoría de los detenidos actuales han estado presos por una década o más y permanecen aislados desde entonces sin ser acusados, sin que se les haya fijado una fecha para su juicio ser acusados formalmente ni juzgados o sin que se haya fijado una fecha para su juicio. 

 

^[6]  Luego de que varios colaboradores de Pol Pot se acogieran en 1996 a una amnistía concedida por el rey de Camboya y tras largas y tortuosas negociaciones entabladas entre el gobierno camboyano y Naciones Unidas iniciadas desde 1997 por iniciativa del mismo gobierno para juzgar crímenes graves cometidos durante el régimen Khmer Rouge (abril 17 de 1975- enero 7 de 1979) en la Kampuchea Democrática, fue creado el 20 de febrero de 2009 el Tribunal Especial para Camboya (TEC ó Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya, con sede en Phnom Penh y luego de un acuerdo firmado entre Camboya y las Naciones Unidas en el 2003, para el enjuiciamiento de los crímenes cometidos durante el período de Kampuchea Democrática, ECCC).

 

^[7] A petición del gobierno libanés y con respaldo de su mayoría parlamentaria anti-Siria y del gobierno Bush, se produce la resolución 1664 conteniendo el acuerdo entre Naciones Unidas y la República Libanesa para el establecimiento del Tribunal Especial para el Líbano. El 21 de noviembre de 2006 el Consejo de Seguridad de la ONU auspiciada por Estados Unidos y Francia invocando el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas aprobó la resolución 1757 a fines de marzo de 2007 creándolo, el cual entró en vigor el 10 de junio del mismo año. 

 

 

 

 

^[8]  Debido a que no ha prosperado el que el Consejo de Seguridad refiera el caso de Siria a la CPI por solicitud de la Comisión  de Investigación de Naciones Unidas sobre Siria, se propone que la misma Asamblea General se a la encargada de pedir al Consejo de Seguridad el creación del Tribunal Internacional Ad Hoc para Siria. El argumento que le acompaña es que este nuevo Tribunal se centraría en el largo y complejo conflicto en Siria, frente a la saturación de casos que le toca atender a la CPI. 

 

^[9] Dos situaciones merecen tenerse en consideración para una evaluación de los limitantes que se le imponen al TPI y a los Tribunales Especiales: 

 

a) Amnistía Internacional reconocía en el documento Tribunales Penales Internacionales, Manual sobre cooperación de los gobiernos de agosto 1 de 2006, de que tenía constancia de que sólo 11 Estados habían promulgado normas relativas a la cooperación con la CPI y de que apenas cuatro Estados habían informado a los tribunales de que no era necesario promulgar nuevas normas para colaborar plenamente con los tribunales internacionales.

 

b) Los acuerdos de paz de Goma, impulsados por el Consejo de seguridad además de por otros organismos, permitió a Laurent Nkunda, jefe del estado mayor de la guerrilla del FLPC, hacerse en la práctica a un territorio propio, que le ha proporcionado impunidad frente a la solicitudes de la Corte Penal Internacional de la Haya (TPI) para hacer efectiva capturas como la del mismo Laurent Nkunda y la de Bosco Ntaganda uno de sus subordinados y ex-dirigente de una de las guerrillas étnicas que operaron en el Ituri llamado por la CPI en mayo de 2008.

 

^[10] Situaciones como las que ha generado la crisis económica y financiera ocasionando la pérdida de derechos fundamentales como el trabajo y la vivienda, el crecimiento de la pobreza y el sufrimiento imparable de millones de familias que ven en peligro su supervivencia, han hecho que se empiece a hablar de crímenes económicos contra la humanidad y que son atribuibles a personas e instituciones concretas. Es un concepto que se remonta a la década de 1950.